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El valor de la segunda oportunidad

José María Torres

Europa necesita más que nunca una ley de la segunda oportunidad eficaz. Los datos hablan por sí solos: cada año cierran un millón de empresas europeas y, en el caso concreto de España, las cifras del paro ascienden hasta el 23 % y, actualmente, el 27 % de la población se encuentra en riesgo de exclusión social.

 

Ante esta realidad, se hace evidente que la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad aprobada por el Gobierno (en vigor desde el 30 de julio de 2015), es totalmente insuficiente. La Ley incorpora graves fallos técnicos y deja aspectos clave en manos de la interpretación judicial y provoca que la resolución de los expedientes dependa siempre del juez encargado del caso.

 

Otro punto que demuestra la insuficiencia de esta nueva ley es que solo contempla quitas de las deudas privadas pero no las contraídas con Hacienda y la Seguridad Social, que son, por poner un ejemplo, las que más afectan a los empresarios autónomos cuando se ven obligados a cesar su actividad.

 

Una regulación eficaz se consigue observando el impacto positivo que ha tenido en países con experiencia de muchos años en la aplicación de leyes que contribuyen a la rehabilitación del deudor honesto. Este es el caso, por ejemplo, del modelo americano, que cuenta con un procedimiento específico de exoneración directa tras la liquidación total del patrimonio del deudor y otro procedimiento si el deudor tiene capacidad para afrontar un plan de pagos. Un modelo que es posible porque allí consideran el fracaso empresarial como una experiencia enormemente útil para futuros proyectos.

 

En España, en cambio, por un lado se ha animado a los ciudadanos a que consuman para impulsar la economía pero, por otro lado, se estigmatiza el fracaso empresarial y no existe una solución válida para los casos de insolvencia. Con nuestra restrictiva legislación, el empresario lo arriesga todo, para toda la vida, y sin posibilidad de recuperación se le condena al consumo de prestaciones económicas, a la exclusión social o a la economía sumergida.

 

Por el contrario, una ley de segunda oportunidad eficiente generaría unos beneficios económicos evidentes e incentivaría el crédito responsable y la recuperación de los deudores para la economía productiva.

 

En cualquier caso, la ley española, aunque insuficiente, es un primer paso para intentar estar a la altura del resto de países líderes en la gestión de esta realidad y permitir ofrecer una segunda oportunidad a quienes la necesitan, se la merecen y pueden contribuir activamente al progreso de la economía.

 

* José María Torres es presidente de Numintec.