We use cookies to offer our visitors a comfortable and transparent experience when browsing our website. If you continue browsing, we consider that you accept their use. You can change the settings and get more information. More info
Views / Let’s talk about…

Suiza se cierra a la Unión Europea

Maria Mut

Las relaciones entre Suiza y la Unión Europea revisten cierta singularidad. El país helvético es miembro de la Asociación Europea del Libre Cambio o Asociación Europea del Libre Comercio –más conocida por sus siglas en inglés (EFTA)–, que en la actualidad cuenta con cuatro miembros: Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia. No obstante, la singularidad suiza estriba en que la EFTA forma parte del llamado Espacio Económico Europeo (EEE), pero con la excepción de Suiza que decidió no estar en el EEE, a través de un referéndum celebrado en diciembre de 1992.

 

Recordemos que el Acuerdo que creó el EEE entró en vigor el primero de enero de 1994, y permite a los Estados miembros y a los de la EFTA participar en la mayoría de los sectores del mercado interior de la UE, sin tener que ser miembros de la misma. Actualmente, al no estar Suiza en el EEE, las relaciones con la Unión Europea se rigen por más de un centenar de tratados bilaterales sectoriales que, en la práctica, incluyen gran parte de las disposiciones que rigen en el EEE, especialmente en lo referente a las cuatro libertades básicas: libre circulación de personas, mercancías, capitales y servicios.

 

Asimismo, tanto Suiza como el resto de estados de la EFTA están dentro de la llamada “zona Schengen”, que supone principalmente la eliminación de los controles fronterizos sistemáticos, reforzando, al mismo tiempo, las fronteras externas. En el caso de Suiza, su participación se aprobó vía referéndum en 2005, pero hubo que esperar tres años más, hasta diciembre de 2008, para que fuera efectiva. También es importante recordar que Suiza y la UE firmaron un acuerdo de libre circulación de personas, que entró en vigor el primero de junio de 2002 y, en febrero de 2009, los ciudadanos suizos votaron favorablemente a hacerla extensiva a los estados que recién se habían incorporado a la Unión Europea, Rumanía y Bulgaria.

 

De todo lo anterior se deduce que las relaciones entre la Unión Europea y Suiza han sido fluidas e intensas. Ahora bien, hace pocas semanas, Suiza anunció que sus ciudadanos habían aprobado, por poco más del 50 %, la iniciativa impulsada por el partido suizo, Unión Democrática de Centro, de luchar “contra la inmigración masiva”. Lo que se pretende, en realidad, es recuperar la gestión de la política de inmigración, haciéndola más acorde a los “intereses económicos globales de Suiza”, esto es, limitando la inmigración y reintroduciendo cuotas de entrada a extranjeros, especialmente perjudiciales para los ciudadanos de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que más de una cuarta parte de los ciudadanos suizos son inmigrantes. De hecho, cada año, 80.000 nuevos ciudadanos de la UE se establecen en Suiza, la mayoría procedentes de Alemania, seguidos de Italia y Francia. La noticia sorprende porque Suiza es un país rico, donde el porcentaje medio de paro durante el periodo 1995-2014 es del 3,35 % (llegando a un mínimo histórico de 1,60 % en noviembre del 2000).

 

Pese a todo, este país ha continuado en la misma línea y ha decidido no firmar el protocolo por el que hace extensiva la libre circulación a Croacia –recientemente incorporada a la Unión Europea–, por entender que es contrario a la voluntad de la mayoría de los ciudadanos suizos, que así lo manifestaron en referéndum. La Unión Europea, por su parte, ha emprendido la primera medida, suspendiendo las negociaciones para su adhesión en el programa Erasmus+ –del que, en el período 2011-2012, se beneficiaron 2.600 estudiantes suizos– y en el nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación, Horizonte 2020, que distribuirá 80 mil millones de euros en siete años (hasta el 2020), a la espera de que rectifique su política en cuanto a la libre circulación de personas, que es la piedra angular de los acuerdos que rigen entre las partes. Suiza, por su parte, el pasado 20 de febrero aseguró ante la Comisión Europea que desea cumplir con los acuerdos pactados y que quiere reemprender el diálogo con los Veintiocho, al tiempo que recordó que dispone de tres años para convertir en ley los resultados de su voto sobre la inmigración.

 

No hay duda que, de seguir en esta dirección, las estrechas relaciones entre Suiza y la Unión Europea se verán seriamente perjudicadas. La restricción a libre circulación de personas, tal como hemos visto con los programas de investigación y educación, no solo afectará a los inmigrantes que recibe este país, sino también tendrá consecuencia para los ciudadanos suizos y para su economía, ya que, tal como advirtió en 2013 el presidente de la Comisión Europea, la limitación a la libre circulación de personas, comportaría para este Estado la pérdida del acceso privilegiado al mercado interior de la Unión Europea, por lo que las pérdidas en términos económicos serían incalculables.

 

De acuerdo con los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno federal suizo, los principales socios comerciales de Suiza son estados miembros de la Unión Europea. El primero, y a mucha distancia del resto, es Alemania, que en 2010 era seguido, en orden decreciente, por Italia, Francia, Países Bajos, Estados Unidos y el Reino Unido. En 2009, el 59,7 % de las exportaciones suizas fueron destinadas a países miembros de la UE, y el 78 % de las importaciones de este país procedieron de estados miembros de la UE. La importancia comercial de Suiza para la UE también es relevante: según los datos publicados por la Comisión Europea, en el ranking de socios comerciales de la UE –sin tener en cuenta los países miembros de la UE–, en 2010, de un total de 208 estados, Suiza ocupaba el cuarto lugar de esta clasificación.

 

Tampoco podemos pasar por alto la incertidumbre política que esta decisión genera, porque el referéndum de 2014 anula sin más todos los anteriores, que eran favorables a seguir  los acuerdos pactados, asegurando la libre circulación de personas, e incluso extendiéndola a Rumanía y Bulgaria y, la incertidumbre jurídica también está presente, ya que este referéndum habilita a Suiza a incumplir las obligaciones internacionales contraídas con la UE, puesto que Suiza, al igual que cualquier estado del mundo, está obligada a cumplir con  los acuerdos que pacta, incluido el acuerdo de libre circulación.

 

Finalmente, la propuesta suiza, concede a la Unión Europea un plazo límite de tres años para renegociar el acuerdo de libre circulación. El último episodio con Croacia no parece  la manera apropiada para renegociar los términos de este acuerdo, y dudo que de no conseguirse la modificación, el acuerdo quede anulado sin más consecuencias para este país, además de la suspensión de los programas en investigación y educación.

 

* Maria Mut Bosque es profesora de Derecho Internacional y Comunitario de la UIC y research Fellow ICS, School of Advanced Studies, University of London

 
 
OVNI